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La prisión permanente revisable

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Desde su introducción en el Código Penal, a través de la L. O. 1/2015 de 30 de marzo, la prisión permanente revisable ha sido objeto de debate político y social, contando con numerosos partidarios y detractores de la misma (que la tildan de cadena perpetua camuflada).

Derecho comparado

En primer lugar, cabe señalar que esta pena no es una invención de nuestro legislador, sino que ya existe en otros ordenamientos jurídicos europeos, aunque se la conoce con otras denominaciones. En Italia recibe el nombre de “Ergastolo” y está prevista para delitos muy graves; en Francia se conoce como “Reclusión criminal a perpetuidad” y se aplica para asesinatos especialmente graves; en Alemania tiene prevista su aplicación para delitos como asesinato, genocidio y otros delitos muy graves como traición y actos bélicos; en Inglaterra se denomina como “life imprisonment” y es la que establece el sistema más severo, pudiendo prologarse la prisión hasta la muerte del reo y siendo aplicada para los asesinatos especialmente graves, siempre que el sujeto activo tuviera más de 21 años.

Sistema español

Pasando a analizar el sistema español actualmente en vigor, el artículo 33.2 del Código Penal, la clasifica como una pena de carácter grave y, a su vez, el artículo 35 de este mismo precepto penal establece que se trata de una pena privativa de libertad, que podría ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad.

Es, así mismo, una pena de carácter preceptivo para el Juez o, lo que es lo mismo, de aplicación obligatoria. Esta pena de prisión es de duración indeterminada, si bien está sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte importante de la condena, cuya duración va a depender del número de delitos cometidos y de su naturaleza, y acreditada la reinserción del penado, el reo podría obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, entre los que se encuentra la no comisión de nuevos hechos delictivos, tal y como veremos más adelante.

Ámbito de aplicación

En cuanto a su ámbito de aplicación, la prisión permanente revisable se contempla para delitos especialmente graves:

Delito de asesinato agravado

El artículo 140 CP, recoge esta pena para los delitos de asesinato, “cuando concurra una de las siguientes circunstancias:

  • Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad
  • Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
  • Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal”.

En el apartado segundo de este mismo artículo, establece que también se impondrá “al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas”.

Delitos contra la corona

Se recoge en el artículo 485 CP, dentro de los delitos contra la Corona, castigando con esta pena al “que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias”.

Delitos contra el derecho de gentes

En el artículo 605 CP, impone esta pena para el “que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España”.

Delitos de genocidio

En la regulación de los delitos de genocidio, el artículo 607.1 CP establece la prisión permanente revisable para “los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes” causaren la muerte, agredieran sexualmente o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149 a alguno de uno de sus miembros.

Delitos de lesa humanidad

El art. 607 bis recoge que los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados con la pena de prisión permanente revisable si causaren la muerte de una persona “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella”.

Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo

El artículo 573 bis 1. 1º CP aplica a los delitos de terrorismo que causen la muerte de una persona, ya sean cometidos por organizaciones o grupos terroristas o por un particular, la pena “de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código”.

Régimen penitenciario

En relación a los permisos de salida de los que puede disfrutar un condenado a prisión permanente revisable, el artículo 36.1 señala que: “el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b)”.

En cuanto al procedimiento de concesión estos permisos, no se especifica nada al respecto en la reforma, por lo que se realizará siguiendo el procedimiento de los artículos 160 a 162 del Reglamento Penitenciario, siendo el Juez de Vigilancia Penitenciaria el que los otorgue cuando los condenados estén clasificados en segundo grado y sean de más de dos días de duración. Para los demás supuestos será el Centro Directivo el órgano competente para dicha tarea.

Respecto a la clasificación de tercer grado de los condenados a prisión permanente revisable, el art.36 CP recoge que:

“1. La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.

La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:

a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.

b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos”.

Junto a lo anteriormente expuesto para acceder a ese tercer grado la LOGP establece que se deben cumplir como otros requisitos: El pago de la responsabilidad civil (art.72.5 LOGP) y la capacidad de vivir en semilibertad.

El artículo 36.3, recoge una excepción a lo anterior: “En todo caso, el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad”.

Sin embargo, estos límites generales de quince y veinte años para acceder al tercer grado, se ven elevados en el artículo 78 bis, en aquellos supuestos en el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable:

” a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.

b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.

c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios
delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más”

En cualquier caso, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el tribunal aprecia que cumplen los requisitos inexcusables para quedar en libertad, establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la colectividad como a atender al condenado en esta fase final de su reinserción social.

En cuanto a la suspensión de la ejecución de la pena, el artículo 92 del Código penal fija el procedimiento para que un tribunal pueda acordar la misma, así como los requisitos para su acceso:

a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para determinados supuestos.

b) Que se halle catalogado en tercer grado penitenciario, además de contar con el pronóstico favorable del Tribunal de reinserción.

c) Que el tribunal, pueda fundar, previa evaluación de los informes de evolución expedidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal
fije, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.

Para los supuestos relacionados con organizaciones o grupos terroristas, los requisitos se endurecen, ya que es necesario que el condenado muestre signos irrefutables de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, ya sea para impedir la producción de otros delitos, o para atenuar los efectos del mismo, o bien para la identificación, captura y procesamiento de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a que haya pertenecido o con las que haya colaborado. Esto podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito. Junto a esto deben existir informes técnicos que confirmen que el sujeto está efectivamente desligado de la organización terrorista, así como de las asociaciones y los colectivos ilegales que la apoyan.