Valoración de la prueba del supuesto práctico por acceso libre a la Escala EjecutivaOposiciones Saga

Valoración de la prueba del supuesto práctico por acceso libre a la Escala Ejecutiva

Nota segunda prueba ejecutiva

Tras la finalización de la segunda prueba de la oposición por acceso libre a Escala Ejecutiva, y con motivo de la incertidumbre que ha generado en los opositores la misma, en particular respecto del supuesto práctico, al cambiar las preguntas que venían siendo habituales, ampliar el relato de hechos probados a cuatro páginas y no solicitar la fundamentación de la calificación, ha llegado el momento de realizar una valoración de dicha prueba.

Primera pregunta

En relación a la primera de las Cuestiones, este año como en otras ocasiones, el plato estrella de la prueba ha sido la “calificación penal”, quedando en el aire o a juicio del opositor si se debía o no fundamentar o, al menos, razonar dicha calificación, ya que no se pedía de modo directo en las preguntas planteadas por el Tribunal. Sí se solicitaba, por contra, de modo expreso, la autoría y las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, excluyendo por segundo año consecutivo el grado de ejecución y los concursos.

A la vista de los resultados, podemos afirmar que el hecho de haber o no fundamentado no ha sido determinante para aprobar el examen, ya que nos hemos encontrado con aprobados con notas altas en las dos vertientes, aunque sí lo ha sido el tener una calificación jurídica lo más acertada y completa posible. Aún así, es importante señalar y de cara a próximas convocatorias que los opositores deben ceñirse a lo que pregunte el Tribunal, con el fin de evitar perder un tiempo muy valioso en contestar lo que no están preguntando y restar tiempo a otros apartados.

Dentro de esta primera pregunta, y como colofón final, se inquirió por los derechos fundamentales vulnerados en el supuesto, y cuyas respuestas por parte de los examinados fueron de los más variadas, ya que la gran mayoría optó por poner los bienes jurídicos protegidos y, en algunos casos, relacionados con la Constitución. Solo los más osados, y acertados, por cierto, decidieron poner los derechos fundamentales vulnerados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respecto a los autores de los hechos, que era lo que al parecer se buscaba por parte del Tribunal.

Segunda pregunta

En cuanto a la segunda pregunta, las medidas policiales aplicables al supuesto y las medidas procedimentales, indicar que este año tampoco se han preguntado las medidas cautelares ni los recursos, algo bastante acertado por parte del Tribunal, ya que se está opositando a la Policía Nacional y no a judicatura.

Lo importante de esta segunda cuestión no era nombrar una retahíla de normativa e instrucciones sin sentido para impresionar al Tribunal, sino aplicar las mismas al supuesto en concreto, en relación con cada uno de los delitos cometidos, con los autores de los hechos descritos y, por supuesto, con las víctimas de los mismos, debiendo tener en cuenta que teníamos varias infracciones penales, como agresión sexual; lesiones; robo con violencia; detenciones ilegales; tenencia ilícita de armas; daños; robo de uso de vehículo; allanamiento de morada; contra la seguridad vial; tráfico de sustancias estupefacientes…; así como una víctima que era menor de edad y que aunque no le era de aplicación el artículo 183 del CP por ser mayor de 16 años, sí se le debían aplicar las medidas de protección contempladas en el Estatuto de la Víctima y la Instrucción 1/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad entre otras…

Así mismo, debía señalarse cómo se inician las actuaciones policiales y ante qué escenarios nos encontrábamos, por una lado la vivienda donde la menor había dado aviso a la policía y donde se encontraba ya una patrulla policial, y por otro el accidente que ya se había producido como consecuencia de la persecución policial y de la conducción “temeraria” por parte de uno de los sujetos activos y, a partir de ese momento y no antes, iniciar la actuación policial concreta, que debía culminar en la realización del correspondiente atestado y su remisión al Juzgado de Instrucción de guardia competente.

Las medidas procedimentales que se pedían eran las referidas al procedimiento a aplicar al supuesto, que, al existir una agresión sexual castigada con una pena superior a nueve años, sería el ordinario por delitos, así como los juzgados competentes tanto para la instrucción como para juzgar.

Tercera pregunta

La tercera pregunta, consistió en un apartado del Tema 53: “El condicionamiento operante. Refuerzo positivo, negativo y extinción”, en la que se debía explicar en qué consistía el mismo, las leyes del condicionamiento operante (Ley del Efecto, Ley del Ejercicio y Ley de la Preparación), así como las clases de refuerzos y los programas y técnicas de reforzamiento, haciendo especial mención al castigo. Como autores no debían faltar el nombrar a Skinner y Thorndike.

Así y una vez analizada la prueba, solo queda desear mucha suerte a los opositores que continúan en el proceso y, sobre todo, mucho ánimo a los que no han podido pasar la prueba, a pesar del enorme esfuerzo realizado, porque como me dijo una vez una alumna “policía solo es aquel que no se rinde en la oposición”.