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El menor como víctima delictiva

Cuando hablamos de menores, desde el punto de vista del delito, tanto nos preocupa su perspectiva cuando son los autores de los delitos (a este respecto, se recomienda la lectura del texto recogido en este enlace), como, fundamentalmente, cuando son sus víctimas.

Normativa de aplicación

En los últimos años, este tema ha sido objeto de múltiple normativa, tratando de dar una mayor entidad a la esfera de protección del menor. A través de este artículo no pretendemos internarnos en procedimientos policiales concretos, sino ofrecer una orientación genérica de qué hacer ante un menor que ha sido objeto de un hecho delictivo, sin entrar a valorar específicamente cada modalidad delictiva.

Lo primero que se debe tener en cuenta, desde la perspectiva policial, es lo contemplado en la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 1/2017 por la que se actualiza el protocolo policial con menores, procurando que reciban de inmediato los cuidados, protección, y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, no debiendo perder de vista lo dispuesto en la Circular 3/2009 de la Fiscalía General del Estado sobre “protección de los menores víctimas y testigos”. En virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la primera valoración de las necesidades de la víctima y la adopción de las primeras medidas de protección, durante la fase de investigación policial del delito, corresponde a los funcionarios policiales que actúen en la fase inicial de las investigaciones.

Asimismo, y como normativa de reciente creación, debemos tener presente lo previsto en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que recoge en su Exposición de Motivos que: “Cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género”. Esta Ley modificó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para pronunciarse entre otros aspectos sobre la suspensión de la patria potestad y custodia de menores, en los supuestos en que estos sean víctimas de violencia en el ámbito familiar.

Otra reforma normativa, que no hay que dejar de lado es la Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Por otro lado, en aquellos delitos relacionados con una situación de violencia de género en el que haya menores por medio, se debe tener en cuenta también la Instrucción 7/2016 de 8 de julio de 2016 de la SES por la que se establece el nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género y de gestión de seguridad de las víctimas.

Actuación policial

Una vez analizada esta normativa y en caso de que se trate de menores no acompañados por sus progenitores, deberá notificarse inmediatamente el hecho ocurrido y el lugar donde se encuentra a los padres, tutores o guardadores del menor, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario y haciéndoles entrega documentada del menor en caso de que este no hubiera venido acompañado por ellos. Así mismo en caso de menores extranjeros, estaremos a lo previsto por la normativa sobre MENA (menores extranjeros no acompañados).

Otra de las comunicaciones a tener en cuenta es la del Ministerio Fiscal y, en su caso, a la Autoridad Judicial competente, con el fin de que dispongan lo necesario al respecto a la situación del menor.

Se procederá, en caso de que los hechos hayan sucedido recientemente y así proceda por el tipo delictivo cometido, al traslado de la víctima al centro asistencial. Realizado preferiblemente por personal policial, dando cuenta a la autoridad judicial y fiscal y solicitando la presencia del médico forense. En dicho centro se llevará a cabo el reconocimiento de la víctima, al mismo tiempo que será asistida de las posibles lesiones que presente.

Una vez atendido médica y psicológicamente el menor, se tomará declaración a los menores, lo cual deberá hacerse por personal especializado y se tendrá en cuenta que el menor no podrá ser obligado a declarar, pudiendo acogerse al derecho a no declarar, hecho que se hará constar en el atestado policial.

Si acceden a declarar, lo harán en presencia de sus padres, tutores o guardadores, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario, en cuyo caso se comunicará al Fiscal competente para que disponga lo conveniente.

A los menores víctimas de delitos violentos se les debe informar de sus derechos conforme a la Ley 35/95 sobre ayuda y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual establece la obligación de informar a las víctimas sobre la asistencia y ayudas públicas que puedan corresponderles, dejando constancia en la Diligencia de ofrecimiento de acciones, así como de la Ley 4/2015 sobre el Estatuto de la víctima.

Esta Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito dispone en el art. 26 que cuando se trate de víctimas menores de edad las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como que la declaración podrá recibirse por medio de expertos.

En el artículo 433 de la LECrim se dispone que en el caso de los testigos menores de edad, o personas con la capacidad judicialmente modificada, el Juez de Instrucción puede acordar, en caso de falta de madurez, que se les tome declaración mediante la intervención de expertos y con intervención del Ministerio Fiscal. Con este mismo fin puede acordarse que las preguntas se hagan directamente por los expertos o, incluso, excluir o limitar la presencia de las partes en el lugar de la exploración de la víctima. La Ley prevé así mismo que el juez ordene la grabación de la declaración por medios audiovisuales.

En el artículo 488 de esta misma Ley se establece que la declaración de los testigos menores de edad puede llevarse a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, permitiendo la utilización de cualquier “medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba”, siendo recogido este aspecto también en el artículo 707 de ese texto legal, permitiendo que los menores puedan ser oídos en el juicio oral sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación.

Conclusión

El legislador, en un ejercicio de responsabilidad, ha ido articulando una serie de medidas encaminadas todas ellas a salvaguardar a uno de los colectivos más sensibles y desprotegidos del sistema judicial, habilitando mecanismos que minimicen su exposición y velen por su protección en todas las fases del procedimiento.