La organización de las jurisdicciones especializadas para menores - Oposiciones SagaOposiciones Saga

La organización de las jurisdicciones especializadas para menores

justicia joven

El origen de las jurisdicciones especializadas para menores tiene una historia muy breve, puesto que nacen a finales del siglo XIX. Desde entonces, tres grandes modelos han presidido la justicia de Menores. Repasémosles por separado.

El modelo de protección

En los comienzos del siglo XX, en toda Europa se pone en marcha un período tutelar o “Protector” que llega hasta nuestros días.

La delincuencia juvenil es vista como una consecuencia de la vida urbana, del nacimiento de la sociedad industrial, de la crisis de la institución familiar, de la pérdida de los valores morales, etc. Aparece en las calles la miseria y la marginación y esto es molesto para todos, pero especialmente para las clases dirigentes.

Movimientos filantrópicos y humanitarios se lanzan a liberar a los niños del sistema penal con una profunda convicción en los éxitos del sistema reeducativo. Para ello, se requiere limitar al máximo el poder de la autoridad paterna entre “los miserables”, los marginados, buscando para ello un sistema de protección especial para los niños. No importa si son mendigos, pobres o delincuentes, todos necesitan un mismo sistema de “protección” o reeducación.

En general, puede considerarse que la justicia de menores asumió plenamente la herencia positivista, y que aún hoy esta idea está presente en las políticas educativas en torno a los jóvenes delincuentes.

La idea de que “el menor había salido del Derecho penal” se extendió por toda Europa. En realidad, hoy podemos afirmar que no es que el menor “saliera” del Derecho penal, puesto que se le seguían aplicando medidas sancionadoras, sino que lo que sucedió es que salió del sistema de garantías y de derechos individuales.

Ello no significa que casi 100 años después no se reconozca el logro de conseguir una justicia distinta para los jóvenes, o que la evolución que hemos sufrido nos obligue a una visión más crítica de las instituciones. A nuestro juicio, el principal problema no reside tanto en la ideología que fundamentó dicho movimiento, sino en el inmovilismo posterior.

En efecto, que perduren determinados principios en torno a los jóvenes basados en planteamientos de principios de siglo, parece una postura totalmente errónea. Los cambios producidos en la familia, y en especial en los jóvenes, obligan a un tratamiento muy distinto.

La consecuencia de esta visión de atención a la infancia, hizo que, en la práctica totalidad de los países europeos, se creara un modelo de Tribunal de menores donde el niño estaba totalmente separado del adulto.

El modelo educativo

El llamado Estado de Bienestar Social es un producto típicamente europeo, que arranca de finales de la Segunda Guerra Mundial hasta aproximadamente 1975, y puede considerarse el resultado de una colaboración entre los partidos Demócrata-Cristianos y Socialistas. Se basa en la concepción del Estado como guardián de la seguridad y como responsable de eliminar la pobreza, mejorar las condiciones de trabajo, sanidad, enseñanza, seguridad, etc.

El modelo educativo se basaba fundamentalmente en evitar que los jóvenes entraran en el sistema de justicia penal. Policía, fiscales, trabajadores sociales, educadores, etc., tienden a no pasar los casos a la justicia, incluso los más graves. El objetivo consiste precisamente en no intervenir en interés del menor, es decir, es justo la antítesis del modelo protector.

El menor ya no es el único objeto de atención, sino que se tiende a dejarlo en el seno familiar, ofreciéndole a él y a su familia la ayuda necesaria. Residencias pequeñas, familias acogedoras, familias sustitutas, pequeños hogares, medidas de medio abierto, etc., son las alternativas de los años sesenta.

La evolución legislativa de los países viene también a confirmarlo. El internamiento aparece como el último recurso a utilizar y solamente en casos muy extremos.

Una gran variedad de organismos asistenciales se ponen en marcha, basándose en que es el joven quien pide la ayuda y por tanto, es necesario su consentimiento. El anonimato en estos casos está garantizado. Los problemas legales carecen de importancia.

Del sistema protector continúa la no distinción entre joven delincuente y joven en peligro, o, necesitado de ayuda. Se sigue pues manteniendo que la justicia interviene, no porque exista una violación de normas, sino para atender y cubrir una serie de necesidades. En definitiva, la justicia es vista como el último eslabón del trabajo social. El juez de menores es así considerado como casi un “súper asistente social”.

El modelo de responsabilidad

En toda Europa existe la impresión de que el modelo educativo ha ido demasiado lejos; padres, maestros, educadores y la propia justicia se arrepienten de una excesiva libertad.
Las condiciones de vida para los jóvenes son mucho más duras, la falta de expectativas de futuro, sobre todo de empleo, cambia las reglas del juego.

El adolescente de los años 80 está mucho más próximo al mundo de los adultos que al de la infancia. La preocupación por los derechos y garantías de los menores se extiende también a Europa, y los cambios legislativos se orientan en esta dirección. El menor no es ya sólo un objeto de protección, sino también un sujeto de derechos.

El modelo de responsabilidad tiene como punto de partida el principio educativo más importante, “educar en la responsabilidad”.
Por ello, el núcleo principal de la discusión sobre si es, o no, un modelo educativo, no está en reconocer que un joven tiene los mismos derechos y garantías que los adultos, sino en el tipo de respuesta que se da a la comisión de un delito.

Las características de este nuevo modelo, que se denomina también modelo de justicia, serían de una forma resumida las siguientes:

  • Un mayor acercamiento a la justicia penal adulta, en lo que se refiere a derechos y garantías individuales.
  • Refuerzo de la posición legal de los jóvenes.
  • Una mayor responsabilidad de los mismos.
  • Limitar al mínimo indispensable la intervención de la justicia.
  • Una amplia gama de medidas como respuesta jurídica al delito, basadas en principios educativos.
  • Reducción al mínimo de sanciones privativas de libertad.
  • Una mayor atención a la víctima, bajo la concepción de la necesidad de reparación de la víctima, o, de la sociedad.
  • Conservar para los jóvenes los principios educativos que en teoría han presidido las legislaciones juveniles (atención prioritaria a las necesidades personales, familiares y sociales del menor).

Tanto el modelo protector como el modelo educativo no limitaban la intervención de la justicia a una franja de edades, por el contrario, como los aspectos sancionadores y educativos estaban mezclados, se dirigían indistintamente a niños y jóvenes.