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Policía nacional, víctima de violencia de género

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Las tendencias políticas de llevar a cabo una eficiente y real política de igualdad en el ámbito laboral se han visto potenciadas en los últimos tiempos con medidas que afectan a todos los ámbitos de la vida social y profesional.

En el ámbito de la Policía Nacional se creó, en febrero de 2018, la Oficina Nacional de Igualdad de Género (ONIG) que despliega su actividad en tres ámbitos:

  • A nivel interno de la Policía Nacional, realizando informes sobre el impacto de género de las medidas y políticas en la materia.
  • A nivel nacional, participando en el desarrollo de las políticas de actuación en género.
  • A nivel internacional, con un papel fundamental en la prevención y solución de conflictos armados, mantenimiento de la paz, la prevención de la violencia sexual o la propia protección de mujeres, niñas y niños.

Evidentemente, esta tiene los mismos derechos y protección que ha desplegado la Administración Publica sobre cualquier víctima de violencia de género, incluyéndose la adaptación específica de su situación en el ámbito de la Policía Nacional, recogiéndose en la Ley Orgánica de Personal de la Policía Nacional y en la Resolución de la Dirección General de la Policía, de 3 de mayo de 2016, sobre vacaciones, permisos y licencias, todo ello bajo el paraguas de la Ley Orgánica 1/2014 de Medidas de Protección Integral para víctimas de violencia de género.

De este modo, la Ley de Personal de la Policía Nacional recoge una serie de derechos en los siguientes artículos:

  1. Artículo 41 – (Derecho a la Promoción): Los policías que estén en servicio activo, servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, agrupación familiar y por violencia de género pueden participar en el proceso de promoción a la categoría superior.
  2. Artículo 49 – (Derecho a la movilidad): La policía, víctima de VG que se vea obligada a abandonar la localidad donde prestaba servicio para hacer efectiva su protección o asistencia integral, tendrá derecho a un destino propio de su escala o categoría, similar al anterior sin que sea necesaria vacante, teniendo la consideración de traslado forzoso.
  3. Artículo 57 – (Clases de excedencias): Recoge las diferentes modalidades de excedencias y en su apartado d) establece por razón de violencia de genero.
  4. Artículo 61 – (La excedencia por violencia de género) Las funcionarias víctimas de violencia de género para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral tienen derecho a solicitar excedencia por estos hechos, sin computar un tiempo mínimo de servicios y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los primeros seis meses tiene derecho a la reserva de puesto de trabajo y dicho período es computable a efectos de trienios, antigüedad y derechos de Seguridad Social; y pueden participar en los procesos de promoción y cursos de formación. Este periodo se puede prorrogar por tres meses hasta un máximo de dieciocho. Durante los dos primeros meses recibe las retribuciones integras y, en su caso, las prestaciones por hijos a su cargo.

Por otro lado, la Resolución de la Dirección General de la Policía, de 3 de mayo de 2016, sobre vacaciones, permisos y licencias completa estos derechos con los siguientes derechos que, por violencia de género tiene la mujer policía:

  • Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las funcionarias víctimas de violencia de género, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen en cada caso los servicios sociales de atención o de salud, según proceda.
  • Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada, con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso.

En definitiva, lo que se ha hecho es establecer una regulación específica de la cuestión a nivel interno, dando transparencia a tan delicada cuestión, contribuyendo a hacer de este problema una cuestión de interés nacional.