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El uso de la fuerza en los códigos de la ética policial

Operativo con chalecos

El año 1990 constituyó un gran cambio, en relación con el uso de la fuerza en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde ese momento, cabe destacar una serie de aspectos fundamentales:

  • Los gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptaron y aplicaron normas y reglamentos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas, por funcionarios policiales. Estas normas debían tener en cuenta las cuestiones éticas relacionadas.
  • Se establecieron métodos de actuación y se dotó a los funcionarios de distintos tipos de armas y de munición, de manera que pudieran hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Se aumentaron las armas incapacitantes, no letales, con miras a restringir el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Igualmente, se determinó que los funcionarios policiales contaran con equipo autoprotector (escudos, cascos, chalecos…) y medios de transporte a prueba de balas.
  • Desde entonces, los funcionarios policiales deben utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.
  • Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable:
    1. Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito.
    2. Reducirán al máximo las lesiones y daños, y protegerán la vida.
    3. Procederán de modo que se preste lo antes posible asistencia a los afectados.
    4. Notificarán lo sucedido a la menor brevedad a familiares o amigos de estas personas heridas o afectadas.
  • Cuando al emplear la fuerza o armas se causen lesiones o la muerte se comunicará inmediatamente el hecho a sus superiores.
  • Se debe castigar como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de funcionarios policiales.
  • No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como inestabilidad política o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos artículos.

La legislación española

En lo que respecta a la legislación española respecto al uso de armas de fuego podemos guiarnos por la normativa que está a su vez basada en la jurisprudencia existente sobre el tema. En todo caso, debe entenderse que cualquier situación que pueda producirse no tiene por qué estar totalmente prevista y su resolución dependerá del sentido común del policía y de su conocimiento de esta normativa.

Son principios esenciales en relación con el uso del arma de fuego:

a) Lo dispuesto en el artículo 5.2. apartados c) y d) de la L.O.F.C.S. (1986). En el apartado c) se REGULA CÓMO hacer uso del arma de fuego: “En el ejercicio de sus funciones deberán (los funcionarios de los Cuerpos Policiales) actuar con la decisión necesaria, cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable. Deben regirse al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad…”.

En el apartado d) se regula el CUÁNDO hacer uso del arma de fuego: Solo deberán utilizarse las armas: “En las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas. En aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana”.

b) Sin embargo, acerca del CÓMO hacer uso del arma, podemos ser más explícitos acudiendo a una Instrucción de la Dirección de la Seguridad del Estado (1983) que establece:

  • a) El uso del arma debe ir precedido de conminaciones al agresor y de identificación del funcionario.
  • b) Podrán efectuarse disparos intimidatorios al aire o al suelo, teniendo la certeza de que, con tales disparos, por el lugar donde se realicen, no pueda lesionarse a otras personas. (En cualquier caso, no podemos olvidar que la labor policial desarrollada prioritariamente en núcleos urbanos, elimina prácticamente esta posibilidad).
  • c) En última instancia se debe disparar sobre partes no vitales.

Así pues, en todo lo referente al CÓMO hacer uso del arma de fuego, se está supeditado a un principio fundamental: CAUSAR LA MENOR LESIVIDAD POSIBLE

¿Qué hacer ante el delincuente que huye?

Según establece una Circular de la Subdirección General Operativa de 1987: “Debe entenderse como ilegal el uso arbitrario e irresponsable del arma de fuego reglamentaria en los supuestos de persecución de presuntos delincuentes sorprendidos in fraganti o de simples sospechosos que emprenden la huida al apercibirse de la presencia policial o al serles requerida la documentación por los funcionarios actuantes, siempre que no concurran las condiciones ya expuestas” (Estas condiciones no son otras que las contenidas en el apartado d) del artículo 5.2. de la Ley 2/86).

Conclusiones

Como resumen podríamos establecer que, según nuestra legislación, el uso indiscriminado del arma es totalmente incorrecto.

Así, para responder a CUÁNDO hacer uso del arma deberá existir un riesgo racionalmente grave para la vida del agente, su integridad física o la de terceras personas, o bien cuando pueda suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana (art. 5.2.d LOFFCCS).

¿CÓMO hacerlo? Bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable (art. 5.2.c LOFFCCS). También el uso deberá ir precedido de conminaciones, identificación del funcionario, pudiendo realizarse disparos intimidatorios (Instrucción DSE de 1983). En última instancia disparar sobre partes no vitales, causando la menor lesividad posible. También debemos tener en cuenta que ante la HUIDA de un delincuente (Circular SGO de 1987) debemos tener la presente la premisa siguiente: “Es preferible no detener a un delincuente que lesionar a un inocente”